El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), impulsado por Elon Musk y vinculado a la administración Trump, ha generado un intenso debate tras anunciar un inminente “hackathon” para desarrollar una “mega API” que permita el acceso a datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos. Esta propuesta, que pretende llevar a cabo en solo 30 días, no solo ha alarmado a expertos en tecnología, privacidad y seguridad, sino también a legisladores que ven con preocupación las posibles implicaciones de un acceso centralizado y masivo a datos fiscales sensibles.
La idea central detrás de esta mega API es consolidar la vasta cantidad de información dispersa en los sistemas del IRS dentro de una única plataforma digital basada en la nube. Según el informe publicado por Wired, esta plataforma podría estar alojada incluso por proveedores privados como Palantir, una empresa polémica por su rol en vigilancia y análisis de datos para gobiernos. Este cambio supondría un rediseño masivo de los actuales sistemas del IRS, que durante décadas han evolucionado en silos separados, con múltiples capas de seguridad y control.
El hackathon, programado para la próxima semana, busca congregar a decenas de ingenieros del IRS en Washington D.C. para desarrollar el núcleo de esta API. El objetivo declarado es agilizar el acceso a los datos del IRS para mejorar la eficiencia gubernamental. Sin embargo, según expertos citados por Wired, este cronograma de 30 días es, en términos técnicos y logísticos, irrealizable. De hecho, un empleado del IRS afirmó que este proceso “tomaría años” y que intentar completarlo tan rápidamente “paralizaría” el funcionamiento del organismo.
La iniciativa es encabezada por Gavin Kliger, un joven de apenas 25 años con escasa experiencia en el ámbito fiscal o gubernamental, y Sam Corcos, CEO de una empresa de tecnología en salud. Según informes previos de The Washington Post, Corcos presionó al IRS para eliminar restricciones al acceso de Kliger a los sistemas del organismo. Incluso propuso un acuerdo para compartir datos del IRS con otras entidades del gobierno, lo que generó una respuesta crítica por parte del Congreso.
El 14 de marzo, el senador Ron Wyden y otros legisladores enviaron una carta al IRS elogiando su negativa a acceder a las solicitudes de DOGE. En la misma, destacaron la importancia de proteger la información fiscal de los ciudadanos y advirtieron sobre el uso político que podría darse a estos datos. Además, hicieron referencia a otro artículo que sugería que funcionarios de la administración Trump deseaban utilizar esta información como herramienta para endurecer sus políticas migratorias y rediseñar la burocracia gubernamental.
Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la participación potencial de Palantir, una empresa que ha colaborado con múltiples agencias de inteligencia y de seguridad del Estado. Su historial en el manejo de datos confidenciales no ha estado exento de controversia. Críticos han señalado que, al involucrar a una empresa privada con estos antecedentes, se corre el riesgo de abrir una puerta peligrosa al uso y posible abuso de información extremadamente sensible.
La reacción dentro del IRS también ha sido de cautela y recelo. Trabajadores de la agencia expresaron a Wired que el proyecto no solo es inviable desde el punto de vista técnico, sino que podría desestabilizar los procesos internos que garantizan la seguridad y confidencialidad de los datos fiscales. Uno de ellos señaló que el equipo detrás de esta iniciativa “no tiene experiencia, no solo en el gobierno, sino en el IRS o con impuestos o cualquier otra cosa relacionada”.
Este intento de modernización forzada del sistema tributario estadounidense forma parte de una serie de intervenciones que DOGE ha venido realizando desde la llegada de Trump al poder en enero. Esta oficina ha operado en distintas agencias federales, entre ellas la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), en un intento por transformar la burocracia y reducir lo que consideran ineficiencias estructurales. El pasado viernes, DOGE logró también acceso a datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, lo que ha despertado más preocupaciones sobre la centralización de datos de carácter extremadamente sensible.
Desde un punto de vista técnico, la creación de una API de este tipo representa un desafío monumental. El IRS administra uno de los sistemas de bases de datos más complejos del gobierno federal. La información contenida en sus servidores no solo abarca detalles financieros de millones de personas y empresas, sino que está entrelazada con regulaciones, formularios, auditorías, y procesos que han evolucionado durante décadas. Integrar todos estos elementos en una API central sin comprometer la seguridad, accesibilidad y gobernanza de los datos, requeriría un esfuerzo prolongado y coordinado que muy difícilmente podría lograrse en tan poco tiempo.
Expertos en ciberseguridad y protección de datos también han manifestado su preocupación por la falta de transparencia del proyecto. No hay evidencia clara de que se hayan realizado evaluaciones de riesgo, auditorías de seguridad o consultas con especialistas en protección de datos fiscales. Tampoco se ha hecho público un plan de contingencia en caso de que la API sea comprometida, ni se ha detallado cómo se controlará el acceso una vez implementada. Este vacío informativo alimenta aún más las sospechas sobre las verdaderas intenciones de DOGE y el grado de preparación del equipo detrás del hackathon.
La modernización de los sistemas del IRS es un objetivo legítimo y necesario. Durante años, se ha denunciado la obsolescencia de la infraestructura tecnológica del organismo. Sin embargo, hacerlo de manera improvisada, bajo presión política y sin el debido proceso técnico y ético, puede derivar en consecuencias desastrosas. Implementar cambios de esta magnitud requiere una planificación exhaustiva, consenso institucional, transparencia pública y, sobre todo, un profundo respeto por los derechos de los ciudadanos.
Además, los aspectos legales de este tipo de acceso masivo a información fiscal no han sido claramente definidos. ¿Qué tipo de autorización se necesita para permitir que empresas como Palantir manejen estos datos? ¿Quién será responsable en caso de una filtración o uso indebido? ¿Cómo se auditará el uso de la API por parte de otros organismos del gobierno? Estas preguntas siguen sin respuesta, lo que añade un nivel de incertidumbre jurídica que podría tener repercusiones a largo plazo.
En términos sociales, también existen implicaciones relevantes. La confianza de la ciudadanía en las instituciones fiscales es fundamental para el funcionamiento de cualquier sistema tributario. Si los contribuyentes perciben que sus datos pueden ser accedidos, compartidos o explotados sin su conocimiento o consentimiento, es posible que se genere un efecto disuasivo en la cooperación fiscal. Esta erosión de la confianza podría traducirse en menor cumplimiento, evasión, y un deterioro general de la cultura tributaria en el país.
Por otro lado, desde ciertos sectores pro-tecnología y de innovación gubernamental, algunos argumentan que este tipo de intervenciones son necesarias para acelerar la digitalización del Estado. Señalan que la burocracia tradicional tiende a la parálisis y que iniciativas como esta, aunque polémicas, pueden desencadenar una transformación positiva. No obstante, incluso estos defensores coinciden en que la implementación debe ser responsable, gradual y con participación de todos los actores involucrados.
En el contexto actual, donde la ciberseguridad se ha convertido en un eje estratégico de las políticas públicas, es fundamental que cualquier intento de reforma tecnológica en el ámbito gubernamental esté alineado con los más altos estándares de protección de datos. Esto incluye auditorías independientes, mecanismos de control democrático, y una clara rendición de cuentas. Cualquier otra aproximación podría no solo comprometer la integridad del sistema, sino también la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La iniciativa del Departamento de Eficiencia Gubernamental representa uno de los intentos más agresivos de reestructuración tecnológica del gobierno federal en los últimos años. Sin embargo, su falta de claridad, el carácter improvisado del cronograma y la participación de actores sin experiencia directa en el ámbito fiscal o gubernamental, convierten este proyecto en una fuente de preocupación tanto técnica como ética. Las próximas semanas serán clave para observar si este hackathon logra sus objetivos o si, por el contrario, termina siendo una señal de advertencia sobre los peligros de una modernización mal planificada.
