En un fallo histórico emitido el 1 de mayo de 2025, la jueza Yvonne Gonzalez Rogers ha dictaminado que Apple ya no podrá cobrar comisiones por las compras que los usuarios realicen fuera de la App Store. Esta decisión, que forma parte del prolongado litigio entre Epic Games y Apple, marca un hito en la lucha contra las prácticas anticompetitivas en el ecosistema digital. La orden judicial no solo elimina el cobro de tarifas por transacciones externas, sino que también prohíbe a Apple restringir la forma en que los desarrolladores redirigen a los usuarios hacia métodos de pago alternativos.
Apple, que hasta ahora exigía comisiones del 30 % —y posteriormente del 27 % tras una orden judicial anterior en 2021— sobre compras digitales incluso si se realizaban fuera de la App Store, ha visto limitada su capacidad para controlar las operaciones económicas dentro de su ecosistema. La compañía ha manifestado su desacuerdo con la resolución y anunció que apelará la sentencia, aunque se comprometió a cumplir la orden mientras el proceso continúa.
Un revés contundente a las políticas restrictivas de Apple
La jueza Gonzalez Rogers fue categórica en su fallo. Según la resolución, Apple no podrá:
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Imponer comisión alguna sobre las compras realizadas fuera de las aplicaciones.
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Limitar el estilo, formato o ubicación de los enlaces hacia métodos de pago externos.
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Bloquear o interferir en el uso de botones o llamados a la acción dirigidos a sitios de terceros.
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Obstaculizar la elección del consumidor de salir de la app, más allá de un mensaje neutral que informe que el usuario será dirigido a una página externa.
Estas prohibiciones impactan directamente en el núcleo del modelo de negocio de Apple, cuya App Store genera ingresos multimillonarios mediante el cobro de tarifas a desarrolladores por compras y suscripciones digitales.
El precedente de 2021 y el desafío de Apple
La sentencia actual hace referencia a una resolución anterior de la misma jueza en 2021, donde ya se establecía que Apple debía permitir a los desarrolladores redirigir a los usuarios hacia sistemas de pago alternativos. Sin embargo, Apple respondió con una política que exigía una comisión del 27 % por esas compras, lo que provocó la reacción de Epic Games y otros desarrolladores, que consideraron la medida como una burla a la orden original.
En su nueva decisión, Gonzalez Rogers fue especialmente crítica con Apple por lo que calificó como una “insubordinación deliberada”. La jueza señaló que Apple eligió de manera consciente ignorar la orden previa y permitió que la empresa actuara en contra del mandato judicial. Incluso destacó que el CEO Tim Cook optó por no seguir la recomendación del jefe de la App Store, Phil Schiller, quien abogaba por cumplir la sentencia. En cambio, Cook se dejó influenciar por el director financiero Luca Maestri, agravando así el incumplimiento legal.
Epic Games celebra la decisión y anticipa el regreso de Fortnite a la App Store en EE. UU.
Epic Games, principal impulsor del litigio contra Apple, ha celebrado la sentencia como una victoria para todos los desarrolladores de aplicaciones. Su CEO, Tim Sweeney, anunció que Fortnite volverá a estar disponible en la App Store de Estados Unidos la próxima semana, un hecho simbólico y estratégico tras años de ausencia de la plataforma.
Además, Sweeney propuso públicamente una oferta de paz: si Apple extiende este nuevo marco legal sin comisiones a nivel mundial, Epic se comprometerá a retirar toda acción legal presente y futura relacionada con el caso. Este gesto sugiere que Epic busca cerrar definitivamente el conflicto si se eliminan las prácticas restrictivas a nivel global.
Impacto en el ecosistema de desarrolladores y la economía digital
El fallo de la jueza no solo es una victoria para Epic Games, sino también para miles de desarrolladores que durante años han denunciado las comisiones elevadas y la rigidez de Apple en cuanto a sistemas de pago alternativos. Compañías como Spotify y otras plataformas han señalado que esta sentencia sienta un precedente favorable para un entorno digital más justo.
Para los desarrolladores, esto significa mayor libertad para establecer relaciones comerciales directas con sus usuarios, sin tener que ceder un porcentaje considerable de sus ingresos a Apple. También es probable que esta decisión estimule la innovación en métodos de pago, suscripciones y modelos de monetización más sostenibles para empresas pequeñas y medianas.
Un posible giro penal: Apple bajo revisión por desacato criminal
La jueza Gonzalez Rogers ha ido más allá de lo civil. En su sentencia ha referido el caso al fiscal de los Estados Unidos para que sea evaluado por posibles procedimientos penales por desacato. Esto representa una escalada sin precedentes en una disputa empresarial de este tipo y podría poner a Apple bajo escrutinio criminal si se determina que violó intencionalmente una orden judicial federal.
Este hecho subraya la gravedad del incumplimiento por parte de Apple y abre la puerta a sanciones legales más severas, que podrían implicar consecuencias financieras y reputacionales de gran envergadura.
La apelación de Apple y su posible desenlace
En su respuesta oficial, la directora senior de comunicaciones corporativas de Apple, Olivia Dalton, expresó que la empresa discrepa firmemente con la decisión del tribunal y que planean apelar la sentencia. Mientras tanto, Apple ha indicado que cumplirá con la orden vigente, al menos durante el proceso de apelación.
No obstante, la empresa deberá modificar de inmediato sus políticas en la App Store para permitir el libre acceso a pagos externos, sin interferencias ni comisiones, tal como lo exige el fallo. Este cumplimiento será monitoreado de cerca por las autoridades judiciales, así como por una comunidad tecnológica global atenta al comportamiento de una de las empresas más influyentes del planeta.
Consecuencias para el modelo de negocio de Apple
Esta resolución judicial toca uno de los pilares económicos de Apple. La App Store representa miles de millones de dólares en ingresos anuales mediante el cobro de comisiones. Si Apple debe renunciar a ese ingreso por las compras externas —y posiblemente adaptar esta medida a mercados fuera de Estados Unidos—, su modelo financiero podría requerir ajustes significativos.
Además, este fallo puede sentar jurisprudencia para futuras demandas y para investigaciones en otros países donde Apple enfrenta cargos por prácticas monopolísticas. Legisladores y reguladores en Europa, Asia y América Latina han estado siguiendo de cerca este caso como una posible guía para sus propias acciones regulatorias.
La presión crece: ¿inicio del fin para el control cerrado de Apple?
El fallo de la jueza Yvonne Gonzalez Rogers representa una victoria para los defensores de la competencia y el libre mercado digital. La resolución impone límites claros al dominio de Apple sobre el ecosistema de apps, en un contexto donde las grandes tecnológicas están siendo objeto de creciente escrutinio legal y político.
La decisión podría impulsar a otros desarrolladores a presentar sus propios reclamos, ahora respaldados por un precedente judicial sólido. También podría motivar a plataformas rivales como Google Play a revisar sus propias políticas, ante la posibilidad de enfrentar litigios similares.
El cambio de paradigma es evidente. Apple deberá encontrar nuevas estrategias que mantengan su rentabilidad sin vulnerar el marco legal que impone esta nueva realidad judicial.
Una nueva era para la economía de las aplicaciones
En resumen, el fallo de la jueza Gonzalez Rogers no solo afecta a Apple y Epic Games. Su impacto se proyecta sobre toda la economía digital global, modificando la forma en que los usuarios realizan transacciones, cómo los desarrolladores monetizan sus contenidos, y cómo las plataformas deben operar para no violar la ley.
El futuro del comercio digital será, probablemente, más abierto, más competitivo y menos dependiente del control centralizado de las grandes empresas tecnológicas. Lo que está en juego es la libertad de elección del consumidor, la equidad en el acceso a los mercados y la sostenibilidad del ecosistema de innovación.
Apple, mientras tanto, deberá redefinir su papel en un entorno donde su hegemonía ya no es incuestionable, y donde las reglas están cambiando, ya no por decisión propia, sino por mandato de la justicia
