La reciente admisión pública por parte de la State Bar of California de haber utilizado inteligencia artificial (IA) para desarrollar una parte del examen de abogacía celebrado en febrero ha causado un profundo malestar en el sector jurídico y académico del estado. Tras una oleada inicial de quejas por fallos técnicos e irregularidades durante la prueba, esta nueva revelación ha encendido aún más los ánimos, desencadenando críticas severas y demandas de reformas urgentes.
La controversia surgió luego de que la institución encargada de regular el ejercicio de la abogacía en California reconociera, a través de un comunicado emitido el lunes 21 de abril, que 23 de las 171 preguntas de opción múltiple del examen fueron generadas con la ayuda de inteligencia artificial. Estas preguntas fueron desarrolladas por ACS Ventures, una firma psicométrica contratada por la State Bar, la cual también tuvo la responsabilidad de validar y aprobar el contenido de la prueba.
Descontento entre académicos y aspirantes
Mary Basick, decana asistente de habilidades académicas en la Escuela de Derecho de UC Irvine, expresó su sorpresa e indignación ante la noticia. “Esto es peor de lo que imaginábamos”, declaró. “Que se hayan redactado preguntas con inteligencia artificial por personas sin formación jurídica es inaceptable”.
Katie Moran, profesora asociada en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Francisco, coincidió con la gravedad de la situación y subrayó que la entidad contrató a una compañía sin abogados para generar preguntas utilizando IA, y luego le confió la tarea de validarlas. “Hay un conflicto de interés evidente”, señaló Moran. “El mismo proveedor creó y aprobó las preguntas del examen”.
Errores en el proceso y justificaciones institucionales
Leah Wilson, directora ejecutiva de la State Bar of California, defendió el proceso indicando que todas las preguntas fueron revisadas por paneles de validación de contenido y expertos legales para asegurar precisión, competencia mínima y neutralidad. Además, se sostuvo que las preguntas pasaron los estándares psicométricos de confiabilidad, superando el umbral de 0.80.
Sin embargo, para muchos profesores de derecho, como Basick y Moran, esta afirmación resulta insuficiente. El proceso que anteriormente tomaba años y era liderado por el National Conference of Bar Examiners (NCBE) ahora ha sido sustituido por un sistema apresurado, que según denuncian, ha reducido la calidad de las preguntas e incluso ha causado confusión entre los estudiantes debido a errores tipográficos, enunciados sin sentido y omisiones clave.
Contexto de recortes presupuestarios y nuevos contratos
La raíz de esta situación se remonta a una decisión presupuestaria. Ante un déficit de 22 millones de dólares, la State Bar optó por dejar de utilizar el examen multijurisdiccional del NCBE y creó un nuevo sistema híbrido, combinando pruebas en persona y remotas. Para reducir costos, firmó contratos con Kaplan Exam Services, encargado de elaborar la mayoría de las preguntas (100 de las 171 puntuadas), y con Meazure Learning para administrar el examen. A su vez, 48 preguntas fueron recicladas de exámenes de primer año de derecho.
Este cambio de modelo y la introducción de IA no fue debidamente comunicada, lo que ha sido otro foco de críticas. La Corte Suprema de California, máxima autoridad judicial del estado, afirmó que desconocía el uso de IA en la elaboración de preguntas hasta el comunicado emitido por la State Bar.
Reacciones políticas y demandas judiciales
La controversia ha alcanzado el ámbito político. Thomas J. Umberg, presidente del Comité Judicial del Senado de California, ha solicitado una auditoría completa de la State Bar. Asimismo, algunos estudiantes afectados han iniciado una demanda federal contra Meazure Learning por los fallos técnicos que experimentaron durante el examen.
Las críticas se intensifican por la decisión de la State Bar de mantener el nuevo sistema, a pesar de los problemas ya documentados. Muchos consideran que el organismo ha desviado la atención culpando a los proveedores tecnológicos, en lugar de reconocer sus propios errores estructurales.
Problemas en la preparación de los exámenes y falta de transparencia
Un aspecto especialmente preocupante para la comunidad académica es la alteración del estándar de evaluación. Basick explicó que las preguntas del examen de primer año de derecho tienen un propósito completamente diferente al de un examen profesional: “No se trata solo de conocer la norma, sino de aplicarla en contextos ambiguos con el objetivo de tomar decisiones adecuadas”.
Además, se ha señalado que este tipo de cambios requiere un aviso de dos años según el Código de Negocios y Profesiones de California, algo que la State Bar no cumplió, argumentando que la variedad de fuentes no afectó la preparación de los aspirantes.
Incluso se cuestionó la remoción de expertos legales de los paneles de revisión por supuestas preocupaciones de derechos de autor con preguntas del NCBE. Para Basick, es irónico que se haya preferido trabajar con IA, la cual probablemente entrenó su modelo con preguntas del propio NCBE, dadas las limitaciones en el acceso a contenido legal especializado.
Llamados a mayor transparencia y posibles reformas
Como respuesta a la crisis, académicos y estudiantes están pidiendo a la State Bar que publique las 200 preguntas del examen para permitir una evaluación abierta del contenido. También se insta a regresar al examen tradicional del NCBE, al menos mientras se restablecen estándares de calidad.
Sin embargo, Alex Chan, presidente del Comité de Examinadores de la State Bar, ha manifestado que esto no es viable a corto plazo, especialmente porque cerca del 50% de los aspirantes desean mantener la opción remota. Chan aseguró que el comité se reunirá el 5 de mayo para discutir ajustes a las calificaciones y posibles medidas correctivas, aunque minimizó la posibilidad de cambios estructurales inmediatos.
Perspectiva futura e impacto en la credibilidad
El impacto de este episodio podría prolongarse por años. La percepción de imparcialidad y profesionalismo en la evaluación de abogados está en juego, y muchas voces consideran que la State Bar ha comprometido su integridad. Las instituciones de derecho están reevaluando sus estrategias de preparación para los exámenes, mientras que los futuros aspirantes enfrentan un escenario incierto.
Si bien el uso de inteligencia artificial en ámbitos educativos y legales continúa siendo un tema de interés creciente, su implementación sin controles adecuados, como se ha visto en este caso, puede generar consecuencias graves. La situación actual en California podría marcar un precedente nacional sobre cómo —y cuándo— utilizar estas herramientas en procesos de alta relevancia social y profesional.
