Las familias de las víctimas del trágico tiroteo en la escuela de Uvalde, Texas, han tomado medidas legales contra Meta y Activision, los gigantes detrás de plataformas como Instagram y el popular videojuego Call of Duty. La demanda, presentada en la Corte Superior de Los Ángeles, acusa a estas empresas de promover activamente el uso de armas de fuego entre menores de edad, alegando que contribuyeron a condicionar al tirador y facilitar su acceso a armamento letal.

El documento legal, respaldado por aproximadamente 45 familiares de las víctimas, detalla cómo el joven Salvador Ramos, de 18 años, perpetró el trágico ataque en la Escuela Primaria Robb en mayo de 2022, cobrándose la vida de 21 personas. Se argumenta que Ramos había sido expuesto de manera constante a la violencia y al uso de armas a través de su participación obsesiva en juegos como Call of Duty, donde habría desarrollado habilidades como tirador y obtenido recompensas asociadas con el uso de armas de fuego, incluido el AR-15 utilizado en el tiroteo.

Además de señalar a Activision y Meta, la demanda también involucra a Daniel Defense, el fabricante del arma utilizada en el crimen. Se alega que esta empresa promovió sus productos entre menores a través de plataformas como Instagram, a pesar de las presuntas políticas en contra de la venta de armas en dichas redes sociales.

El abogado representante de las familias, Josh Koskoff, destaca la necesidad de que estas corporaciones asuman una mayor responsabilidad en la prevención de la violencia armada entre los jóvenes, instando a medidas concretas para restringir el acceso y la promoción de armas de fuego.

Aunque las compañías de videojuegos han enfrentado críticas en el pasado por supuestamente influir en comportamientos violentos, la investigación ha refutado estas afirmaciones, demostrando que los videojuegos no son la causa directa de actos violentos en la vida real. A pesar de ello, la batalla legal sigue en curso, mientras se espera una respuesta por parte de Meta y Activision.

En un comunicado proporcionado a The Verge, Delaney Simmons, representante de Activision, subraya el disfrute pacífico que millones de personas encuentran en los videojuegos, separado de cualquier acto de violencia.

Esta demanda, liderada por Koskoff, ya conocido por obtener un acuerdo millonario en el caso de Sandy Hook, marca otro enfrentamiento legal entre los defensores de las víctimas de la violencia armada y las corporaciones detrás de las armas y los medios de entretenimiento que presuntamente las promueven.

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